CARACAS — La escena se repite desde el jueves pasado frente a los muros del centro de detención conocido como Zona 7: mujeres jóvenes, madres, amigas y pares de presos políticos se han tendido en el suelo, respirando en silencio, mientras comienzan una huelga de hambre que ya entra en su segundo día. Es un acto de desesperación y presión política en una Venezuela que sigue buscando un cambio real tras años de represión estatal.
La chispa fue encendida por los propios presos políticos: un grupo dentro de los calabozos comenzó a negarse a ingerir alimentos el viernes por la noche. Su exigencia es directa y brutal: que se libere a todos los detenidos por razones políticas que aún siguen encerrados. Los discursos de libertad llevan semanas, pero las acciones ahora requieren de estómagos vacíos.
¿Por qué ahora?
El detonante fue la postergación en la Asamblea Nacional venezolana de un proyecto de ley de amnistía. Esta norma, propuesta como parte de un paquete de reformas tras un año político convulso en el país, prometía liberar a centenares de disidentes detenidos desde 2024 o incluso antes. Pero el debate fue aplazado, dejando a muchos, tanto dentro como fuera de las rejas, con incertidumbre y frustración.
Mientras tanto, el gobierno ha procedido con liberaciones parciales. El sábado, 17 presos políticos salieron de Zona 7, abrazados por familiares entre lágrimas y testimonios de alivio. Pero para los activistas y sus allegados, eso no es suficiente: siguen siendo decenas los detenidos, y muchos ni siquiera han tenido acceso a un proceso judicial claro.
Voces desde la protesta
“Nos dijeron que liberaría a todos. Y no han cumplido”, dice una de las manifestantes, manteniendo la protesta más allá de las sombras del calor caraqueño. Las familias llevan más de un mes acampando fuera de las instalaciones, pidiendo que la palabra de los legisladores se convierta en acción concreta.
Para muchos observadores internacionales, la situación refleja un pulso entre presión social y timidez institucional: las autoridades y aliados políticos han hablado de reconciliación y apertura —incluida una posible amnistía general para disidentes—, pero las decisiones finales siguen en suspenso.
¿Qué sigue?
La lucha ahora mismo está en dos frentes:
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Dentro de las cárceles, donde presos y presos políticos están dejando de comer para hacer sentir sus demandas.
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En las calles y asambleas legislativas, donde la promesa de un marco legal que libere a todos aún no ha cristalizado.
El mundo mira con ojos críticos: hay liberaciones graduales, sí, pero también hay voces que aseguran que el proceso es demasiado lento, incoherente e insuficiente frente a las cifras que organizaciones defensoras de derechos humanos manejan.
